Ante el plan propuesto por el gobierno de Trump para poner fin al conflicto en Gaza, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Lo más urgente es acabar con el genocidio de Israel en Gaza y liberar a todos los rehenes civiles. Toda iniciativa dirigida a garantizar una paz duradera debe basarse en el derecho internacional, respetar los derechos humanos de todas las personas en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) e Israel, y centrarse en lograr el fin inmediato de la ocupación ilegal y el sistema de apartheid impuestos por Israel.
Las medidas más urgentes deben ser un alto el fuego permanente y el fin incondicional del bloqueo ilegal impuesto por Israel para permitir el reparto de ayuda humanitaria vital sin riesgos ni trabas, así como la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos armados y de las personas recluidas ilegalmente por Israel.
Con independencia de que las partes en el conflicto acepten un plan de paz, los Estados deben actuar para poner fin al genocidio, lograr un alto el fuego, garantizar la liberación de rehenes y permitir acceso sin trabas a suministros humanitarios, y deben hacerlo ya.
La provisión de ayuda humanitaria y el fin del genocidio de Israel en Gaza no pueden supeditarse a que Hamás acepte o no la propuesta, como establece este plan. Más de 65.000 muertes confirmadas entre la población palestina, cientos de miles de personas heridas, y en Gaza siguen soportando las terribles consecuencias del desplazamiento, la destrucción y la hambruna en curso desde hace casi dos años. Esta catástrofe, organizada por Israel y posibilitada por el respaldo de Estados Unidos, debe terminar de una vez por todas, con o sin acuerdo.
Igualmente, la liberación de rehenes civiles y de personas palestinas sometidas a detención arbitraria debe ser incondicional. Tanto Israel como Hamás deben poner fin a la práctica ilegal de no entregar los cuerpos de las personas muertas a sus familiares.
Es fundamental que todo acuerdo garantice justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En todo el mundo, también en Israel y el TPO, la experiencia ha demostrado que la impunidad genera conflicto y más atrocidades. Todos los Estados deben cumplir con su obligación, en virtud del derecho internacional, de exigir rendición de cuentas a los responsables de crímenes de derecho internacional.
La justicia y la paz no pueden ser mutuamente excluyentes. El apartheid y la ocupación están entre las causas originarias del horror que está padeciendo la población palestina, y cualquier plan que no reconozca esta realidad será en la práctica una fórmula para cometer más abusos.
En septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que, de conformidad con la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, exigía a Israel su retirada del TPO, que incluye Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, en el plazo de un año. Todo plan de paz debe basarse en esta resolución y permitir su aplicación. No debe incluir disposiciones que puedan invalidar la resolución o imposibilitar su aplicación.
El rechazo absoluto de todo desplazamiento forzado de población palestina de Gaza es fundamental, pero debe hacerse extensivo a todo el TPO y a todos los traslados forzosos dentro del TPO. Si Israel quiere tener un perímetro de seguridad, no debe utilizar el TPO para ello. Más aún, Israel no debe tener el control sobre quién puede o no puede regresar al TPO.
Además, todo acuerdo final debe garantizar que la población palestina participa de forma plena y significativa en todas las decisiones que afecten al futuro del TPO, su gobierno y el ejercicio de sus derechos, como el derecho a regresar.
Amnistía Internacional señala con alarma que el presidente Trump ha afirmado que el Israel cuenta con el “respaldo total” de su gobierno para destruir a Hamás si ésta no acepta su plan, dado que Israel ha utilizado el argumento de la destrucción de Hamás como supuesta justificación de su genocidio en Gaza. El genocidio no puede ni debe ser el medio para librar una guerra. Aunque Hamás rechace esta propuesta, Israel y Estados Unidos deben seguir respetando el derecho internacional, igual que Hamás, y no deben participar en actos dirigidos contra civiles ni retener ayuda humanitaria vital para la población civil.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados que se centren en cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional. Asimismo, los gobiernos deben abandonar la inercia que ellos mismos se han impuesto y su apoyo activo o tácito a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. Deben comprometerse a suspender toda forma de cooperación, incluidas transferencias de armas y cooperación económica, que pueda favorecer o mantener la ocupación ilegal de Israel, su sistema de apartheid o el genocidio en Gaza.
